Hablar de soberanía

Sindicales y Territorio
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¿Se puede cambiar la matriz fiscal para que paguen más los que más tienen? ¿Será posible que haya trabajo para todos?

La soberanía fiscal tiene un lugar destacado en el documento elaborado por los movimientos sociales. “Su ejercicio implica recuperar autonomía para definir, desde el interés nacional, los impuestos y los destinos del gasto público”, recalca y, en este sentido, plantea cuatro lineamientos.
“Liberar por cinco años al Estado de cualquier compromiso relacionado con una deuda externa espuria, generada como contracara de la fuga de capitales concentrados al exterior”, es primordial de acuerdo a la declaración que recalca que es preciso que se audite el proceso de endeudamiento público.
Y que se verifique las emisiones en la que actuaron funcionarios públicos relacionados con los fondos o la banca internacional involucrada, “aprovechando la información internacional y construyendo un padrón de acreedores para comprobar la relación de endeudamiento y fuga de capitales”.
También plantea “consolidar un Impuesto Solidario como mecanismo para que el cinco por ciento más rico de nuestra comunidad, contribuya a atender la situación de pobreza estructural agravada por la pandemia, en la que vive el cuarenta por ciento”.
Y añade que es preciso avanzar hacia una reforma tributaria integral progresiva, “incrementando los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos”, así como “ordenar el destino nacional de la demanda interna, dando prioridad a las pymes y cooperativas de la economía popular a través del compre estatal”.
Y que este instrumento se extienda a empresas públicas proveedoras del Estado y concesionarios de servicios públicos. “Los requisitos deberían permitirles a estos sectores participar, por ejemplo, en licitaciones subdividida por volúmenes parciales (fundamental para las más pequeñas). Preferencia en igual sentido para la obra pública”.

Trabajo

En lo que hace a la soberanía productiva, los movimientos sociales, hace hincapié en que la recomposición de salarios, jubilaciones e ingresos de la economía popular “es el eje de demanda de cualquier recuperación de empresas pymes y cooperativas”.
Por eso proponen que se impulse estrategia de sustitución y control estricto de importaciones, “para que sólo se compren en el exterior insumos insustituibles para el desarrollo de la industria nacional y para consumos esenciales”.
Asimismo, que se promueva la articulación entre ciencia y sector productivo. “El largo plazo debería verse signado por transferencia de conocimiento y tecnología al sector industrial, posibilitando así mayor valor agregado y, en consecuencia, producción más competitiva a nivel mundial”, recalca y añade que la tarea a partir de la innovación, “es estimular el surgimiento de nuevas ramas productivas”.
De ahí que indique que es necesario impulsar un sistema nacional de innovación “donde los saberes científicos, obreros, populares y estatales se pongan al servicio del desarrollo nacional”.
En este contexto, reclama que se prohíba la remisión de utilidades al exterior por parte del capital extranjero durante los cinco años “que requerirá revertir la crisis económica y social en la que estamos inmersos”.
Otro punto planteado es la socialización de la renta tecnológica, “propiciando un nuevo reparto del tiempo de trabajo entre empleo y formación”.
Y al respecto, explica que “en el nuevo paradigma productivo, el menor uso de la fuerza de trabajo por unidad de producto o servicio culmina con mayores índices de desempleo y sobreexplotación laboral. De tal forma la renta tecnológica, que es fruto del conocimiento socialmente elaborado, es apropiada totalmente por el capitalista”.
Por lo que “la nueva institucionalidad apunta a que el reparto social de esta renta tecnología permita, a través de un Seguro de Empleo y Formación, el reparto de las horas de trabajo y estrategias de formación vertebradas de forma más inclusiva a través del reparto del excedente económico generado socialmente”.
También plantea que hay que registrar y formalizar productivamente a la economía popular. “Hay que modernizar y adaptar los mecanismos e instituciones para que los trabajadores de este sector sean reconocidos en sus derechos, visibilizados y acompañados en sus actividades productivas”, resalta.